Don Ramón del Valle-Inclán nos legó una cita que parece inmutable: “Los españoles han echado al último Borbón no por Rey, sino por ladrón» (sobre Alfonso XIII). Sirva su clarividencia para afirmar que el común denominador en el reino de los Borbones es la corrupción, el pillaje y la sinvergonzonería.
Quizá la mayor obra del rey emérito Juan Carlos I de Borbón haya sido construir un país donde las mafias operan con impunidad desde las propias instituciones. En España, desde hace décadas, desde los tiempos en que el genocida Francisco Franco encabezaba la jefatura del Estado, la corrupción ha sido la piedra angular del sistema y la forma de hacer negocios y, gestionar los recursos públicos.
Da igual si gobiernan los rojos, representados en el PSOE (partido al que le sobran las palabras «socialista», «obrero» y «español»); los azules, reencarnación de la Falange; o los verdes, neofascistas y trumpistas. Todos forman parte del establishment de la corrupción española.
Recientemente, Transparencia Internacional presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, evidenciando la falta de mecanismos y políticas reales para frenar el saqueo de fondos públicos. El país ha descendido diez posiciones en el ranking global, situándose en el puesto 46 de 180 países evaluados, con una puntuación de 56 sobre 100, cuatro puntos menos que el año anterior.
Este deterioro no es casualidad. Basta con ver las causas judiciales para asquearse: Ábalos, Aldama-Hidrocarburos, David Sánchez Pérez-Castejón, Begoña Gómez, Alberto González Amador (novio de Ayuso), Álvaro García Ortiz (fiscal general del Estado), Luis Medina y Alberto Luceño, los ERE de Andalucía, etc.
La aplicación desigual de políticas anticorrupción en todo el territorio nacional refleja una falta de compromiso real por parte de las autoridades. Más de tres años tardó el gobierno de Pedro Sánchez en transponer la Directiva Europea 1937/2019, relativa a las personas que informan infracciones al Derecho de la Unión. Sin reformas estructurales integrales y efectivas, el país seguirá enfrentando descensos sustanciales en materia de transparencia, buen gobierno y confianza institucional. Hasta alcanzar posiciones irrisorias.
En medio de este panorama desolador, la labor de la Asociación Alianza Contra la Corrupción mantiene su postura crítica ante tanto conformismo y resignación social. Esta organización de activistas y alertadores de corrupción sigue exponiendo los abusos y anomalías del “sistema democrático”. Su compromiso con la transparencia y la justicia ha sido fundamental para mantener informada a la ciudadanía y presionar a las instituciones para que rindan cuentas.
Jaime González, presidente de la Asociación Alianza Contra la Corrupción, señala con preocupación:
«La corrupción campa a sus anchas. Realmente no hay medidas efectivas ni eficaces para luchar contra la corrupción. No hay ningún poder del Estado que tenga como objetivo erradicarla; de alguna forma, todos han aceptado formar parte de este sistema«.
La situación actual exige una respuesta contundente y decidida por parte de las autoridades. Es imperativo fortalecer a las asociaciones, empoderar a los activistas, despolitizar a las instituciones encargadas de combatir la corrupción, garantizar la protección de quienes la denuncian y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. De lo contrario, España corre el riesgo de convertirse en un paraíso para la corrupción, con consecuencias nefastas para su democracia y el bienestar de sus ciudadanos.